"El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente

Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y

jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la

compensación equitativa por copia privada”

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico con el

siguiente tenor:

«e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.»

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, con

renumeración correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5:

2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el

apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la

sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente

vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la

información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda

comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización

judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122bis de la

Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la

autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para

llevar a cabo la identificación.

de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de

abril, con la siguiente redacción:

«El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la

salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los

responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos

en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.»

2

Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la

siguiente redacción:

«Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual.

1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como

órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y

arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la

presente ley.

2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la

presente ley.

La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de

Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su

vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los

términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y

arbitraje, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.° En su función de mediación:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el

caso de que no llegue a celebrarse un contrato, respecto a las materias

directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad

intelectual, y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de

radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad

intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo

anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En

este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley

6012003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden

3

jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las

partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

El procedimiento mediador se determinará reglamentariamente.

2.° La Comisión actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que se

susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades

de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las

entidades de radiodifusión o de distribución por cable. El sometimiento de las partes

a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.

b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados

en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión

afectada, de una asociación de usuarios, o de una entidad de radiodifusión, siempre

que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto

previsto en el párrafo a de este apartado.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de su función

de arbitraje.

La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que

puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de

la controversia sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y

Tribunales conocer de la misma, hasta tanto haya sido dictada la resolución y

siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3º En el ejercicio de sus funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de

tarifas, la Comisión valorará, el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del

repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la

relevancia y utiilización en el conjunto de la actividad del usuario.

La Comisión también podrá tener en cuenta, entre otros criterios o antecedentes, las

tarifas existentes para la explotación de los mismos derechos y que hayan sido

establecidas por la Comisión o en los acuerdos y contratos firmados por la propia

entidad para situaciones análogas.

4° La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros nombrados

por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de

Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por

una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad

intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán,

conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera. La Sección se regirá por lo

establecido en el presente texto y, supletoriamente, por las previsiones de la Ley

4

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de

Arbitraje.

4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de

objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos

8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de

propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la

sociedad de información.

La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un

servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad

intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre

que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado

o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la

sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior

a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados

infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime

oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de

Propiedad Intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará

prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo

máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará

resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. En

todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá

de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el

apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles,

penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.

La Sección, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona

en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía

y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección y el

procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El

procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a

instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran

vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que serán

de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992,

estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el

plazo reglamentariamente establecido tendrá efectos desestimatorios de la solicitud.

Las resoluciones dictadas por la Comisión en este procedimiento ponen fin a la vía

administrativa.»

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Jurisdicción Contencioso-administrativa, numerando su texto actual como apartado 1

y añadiendo un apartado 2, con el contenido siguiente:

«2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo

autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la

ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de

Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la

sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la

propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de

la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.»

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:

«d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los

artículos 9.2 y 122 bis.»

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:

«1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere el artículo

8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y

del Comercio Electrónico, se iniciará con la solicitud de los órganos competentes en

la que se expondrán las razones que justifican la petición acompañada de los

documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24

horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará

resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el

artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución.

2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de

la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la

propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de

Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de

la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización

judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la

autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y

libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución

En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de

la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado

convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los

titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen

como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el

Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos

días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o

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denegar la ejecución de la medida.»

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, con el

siguiente tenor:

«5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de

Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto "Cervantes", Consejo de

Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, Sección Segunda de la Comisión de

Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»