Manifiesto Fundacional de Unión Progreso y Democracia

Partimos de un supuesto revolucionario: que los ciudadanos no nacen siendo ya de izquierdas o de de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. Vamos aún más lejos,a riesgo de escandalizar a los timoratos: consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en consecuencia, de acuerdo con las ofertas de los partidos y su experiencia de la situación histórica que vivimos. Por tanto no creemos que nadie esté obligado a votar siempre lo mismo o a resignarse a las opciones políticas vigentes, cuando ya le han decepcionado anteriormente.

Ser considerados de izquierdas o derechas no nos parece el centro del problema, aunque nos apiadamos cordialmente de quien carece de mejores argumentos para descalificar al adversario. En realidad, ni la izquierda ni la derecha son ideas platónicas, invulnerables al paso del tiempo y a los cambios sociales. Cuando hablamos de izquierda o derecha no estamos refiriéndonos a la Guerra Civil, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Revolución Rusa o Francesa… sino a los muy concretos partidos que se ponen esa etiqueta en el día de hoy. Y resulta evidente que ha habido notables transformaciones: por ejemplo, ayer la izquierda y la derecha parecían representar clases o niveles económicos, pero hoy abundan los multimillonarios estruendosamente izquierdistas (sobre todo en medios de comunicación o artísticos) y asalariados modestos que son belicosamente derechistas. Nosotros no tenemos reparo en declarar que si ser de izquierdas ahora es apoyar en España las exigencias nacionalistas o separatistas, la asimetría regional o el diálogo político con los terroristas, y en política exterior tener como referentes a Fidel Castro o Chávez… entonces somos de derechas. Y que si pertenecer a la derecha exige considerar la homosexualidad una enfermedad (y el matrimonio entre personas del mismo sexo una indecente aberración), un delito el aborto o la experimentación genética con fines curativos, y tener a los padres por exclusivos responsables de la formación ética de sus hijos aún en cuestiones cívicas, además de estar obligados a apoyar la invasión de Irak, o a considerar inalterable la distribución de la renta y resignarse ante la pobreza de millones de hombre y mujeres… pues entonces no habrá más remedio que ser de izquierdas.

Para evitar este falso dilema, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de izquierda o derecha. Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales partidos de izquierda ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios, que existen en los dos campos. No denunciamos que los partidos actuales lo hagan todo mal, sólo señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado que nos defienda mejor a todos. Los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, ni refugiarnos cuando no nos gustan las leyes o las decisiones gubernamentales en la abstención o en la renuncia a exigir el respeto a nuestros derechos y libertades. Porque, queramos o no, sí que es en nuestro nombre como se legisla o se gobierna: luego no hay más remedio que implicarse para que nuestras ideas tengan voz y estén lo mejor representadas que sea posible. Por eso emprendemos esta aventura y recabamos el apoyo de nuestros conciudadanos.

Para qué este nuevo partido

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad: iguales leyes para todos y todos iguales ante las leyes. Este objetivo exige, como es lógico, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. Pues bien, creemos que esa igualdad está hoy amenazada en España, fundamentalmente por culpa de los excesos de un modelo territorial sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas. Tales exigencias en perpetuo crescendo han contagiado en gran medida al resto de los grupos políticos dentro de cada Comunidad Autónoma. El separatismo –al menos retórico- es contagioso y los no nacionalistas se apresuran a mostrarse aparentemente tan identitarios como los demás, por miedo a perder los votos de una mayoría que no entiende ya la defensa de lo suyo más que como un desafío a lo de todos. En consecuencia, las atribuciones del Estado se desdibujan y cuando trata de imponer su autoridad parece que atropella los santos derechos regionales. En las escuelas se subrayan todas las diferencias como fundamentales y eternas, mientras se muestra lo común que nos une como algo impuesto y transitorio. Lo propio es siempre víctima de lo común, lo que no pertenece a nuestra demarcación no existe o es una amenaza. La bienintencionada descentralización autonómica se ha convertido en licencia para fabricar algo así como virtuales miniestados regidos por burocracias arrogantes, quisquillosas…e inamovibles.

Esta peligrosa deriva se muestra especialmente dañina en lo tocante al uso y aprendizaje de la lengua española. Un Estado de Derecho necesita una lengua común, cuyo empleo no sólo es elección personal sino ante todo instrumento político para la realización dialéctica de la propia democracia. Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más entre otras, cuando no como un molesto accesorio que sólo se llega a ofrecer a los estudiantes tras muchos y difíciles requerimientos. Por supuesto, los que más padecen del arrinconamiento docente del castellano son los económicamente menos favorecidos y los inmigrantes, es decir los que necesitan la lengua para integrarse laboral y socialmente en el marco estatal más amplio posible y no tienen recursos para acudir a escuelas privadas en las que recibirán docencia en la lengua que mejor les convenga.

Nosotros estamos, naturalmente, por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. No queremos un Estado de Derecho uniforme ni mucho menos uniformado pero sí desde luego unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una insigne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local. Creemos que en España se está reeditando el viejo caciquismo, es decir, que dueños cuasi-feudales de cada región hacen y deshacen en su territorio halagando el narcisismo localista y comprando luego la benevolencia gubernamental a base de apoyos hábilmente negociados en el parlamento estatal. Por ello uno de nuestros objetivos es conseguir un peso suficiente en el Parlamento español como para poder contribuir a formar alternativas de gobierno libres de hipotecas nacionalistas.

Pero la igualdad de los ciudadanos tiene también otras amenazas. Un Estado democrático tiene que ser laico, es decir, neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los Derechos Humanos y con nuestro sistema jurídico, y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna. El laicismo no es una postura antirreligiosa ni irreligiosa (hay laicistas muy creyentes) sino opuesta solamente a la manipulación teocrática de las instituciones públicas. El Estado laico reconoce la fe religiosa como un derecho de cada cual –sometido únicamente a las leyes civilespero no como un deber de nadie y mucho menos de los poderes públicos en tanto legislan, educan o financian diversas actividades culturales. La manifestación pública de las religiones es perfectamente lícita pero debe efectuarse siempre a título privado, no como obligación colectiva o institucional. Por tanto es evidente que en la escuela pública no deberían darse cursos de ninguna religión, lo mismo que tampoco deberían ofrecerse lecciones de ateísmo. Nosotros, en pos de la igualdad de todos loscreyentes y no creyentes, quisiéramos alcanzar un Estado realmente laico, en el que ninguna religión perdiera sus derechos pero desapareciesen los privilegios actuales de ciertas confesiones, que en ocasiones convierten el interés general en rehén de creencias particulares. De la misma manera, quisiéramos un Estado también laico en materia identitaria, donde las instituciones no presionen ilícitamente a los ciudadanos para que se integren contra su voluntad en determinado modelo de identidad, supuestamente cultural o lingüística pero normalmente nacionalista.

Por supuesto, la desigualdad entre los ciudadanos tiene también a veces causas
económicas. Nosotros creemos que toda riqueza es social y se debe en último término a la sociedad, aunque provenga de la iniciativa individual que lícitamente se beneficia de ella. La mejor forma de redistribuir la riqueza socialmente acumulada son unos efectivos y accesibles servicios públicos para atender cuestiones básicas: educación, sanidad, comunicaciones, transporte, asistencia social a niños, minusválidos y ancianos, pensiones, etc… Unos servicios que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, mediante la concurrencia de los sectores público y privado, adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía. Y, por otra parte, la redistribución de la riqueza requiere que el sistema fiscal mejore su control sobre todas las fuentes de renta y no penalice, como ocurre actualmente, a los trabajadores asalariados mientras privilegia a los perceptores de rentas del capital. El refuerzo de los servicios públicos y la seguridad social –no permitiendo que se deterioren por dejadez intencionada para fomentar luego su privatización- ha de ser una de las prioridades de nuestro partido.

En resumen: un nuevo partido para garantizar la unidad institucional y la coordinación tanto legal como fiscal del Estado de Derecho, así como su rigurosa laicidad y optimización de serviciospúblicos, a fin de posibilitar la real igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades democráticas