La comisión de seguimiento del convenio de acreedores del Racing comunicó el pasado 20 de febrero al Juzgado de loMercantil que no podrá hacer frente «a sus obligaciones de pago a partir del próximo mes de abril» si no genera «otros ingresos». Para evitarlo, plantea la necesidad de acometer una ampliación de capital antes de final de temporada, aunque reconoce que se trate de una posibilidad «ilusoria». El desencadenante de esta situación prácticamente terminal es una desviación negativa en el presupuesto de 3,6 millones, que, gracias a los beneficios de la campaña anterior, se reduce hasta 1,6 millones. Estas son algunas de las conclusiones del documento que la comisión de seguimiento ha entregado a la jueza Mar Hernández y al que ha tenido acceso este periódico.
La comisión de control y seguimiento del convenio de acreedores está compuesta por Javier Gómez Molina, en representación de la Liga de Fútbol Profesional; Juan Carlos Salcines, por la empresa Corelia S. A.; y Juan Antonio Berdejo Vidal, por el Racing. Desde su constitución, se ha reunido en tres ocasiones: el 14 de septiembre y el 5 de noviembre de 2012 y el pasado 7 de febrero. Precisamente en el último encuentro, al que también acudió el director general del Racing, Antonio Corino, la comisión redactó el análisis para presentarlo en Las Salesas. En el documento, Gómez Molina, Salcines y Berdejo dibujan un futuro con muy pocas esperanzas para el club cántabro.
En este informe, la comisión de la que Gómez Molina fue elegido presidente y Berdejo Vidal secretario hace un repaso a las desviaciones negativas previstas para la actual temporada. El club ha gastado hasta el 7 de febrero un millón de euros más de lo previsto. De esta cifra, justifica medio millón «como consecuencia de las contrataciones de técnicos y de jugadores hasta el cierre del mercado invernal». El otro medio millón no lo especifica. Además, cifra también en un millón de euros la cantidad presupuestada que las arcas no han ingresado debido «a la caída de abonados y de la publicidad». En total, dos millones.
Pero ahí no terminan los problemas económicos. El documento añade otros 1,6 millones más de gasto «por obligaciones generadas en la temporada anterior y que tampoco habían sido tenidas en cuenta en el plan de viabilidad». El déficit a 30 de junio apuntaría a los 3,6 millones sobre un presupuesto total de catorce millones. Sin embargo, el informe atenúa este desfase, difiriendo pagos, hasta dejarlo en 1,6 millones. Una cifra que supera de forma holgada las previsiones de los administradores concursales que fijaban sólo 136.000 euros.
Ante esta situación, los integrantes de la comisión de seguimiento y control del convenio exponen al Juzgado Mercantil sus vaticinios, en los que auguran un futuro cuando menos comprometido para la entidad. Así, aseguran de forma rotunda que «debido al deterioro el Racing empezará a no poder hacer frente a sus obligaciones de pago a partir del próximo mes de abril, si no genera otros ingresos». Una posibilidad que no sólo afectaría a los acreedores y a los proveedores que actualmente trabajan con el club. Jugadores, técnicos y resto de empleados también se verían afectados por la falta de liquidez.
Otro ERE
Para poder corregir la situación, la comisión sólo encuentra una vía para solucionar el problema. Poner en marcha la ampliación de capital «antes de final de temporada», en lugar del próximo año como habían previsto. Ahí, los tres gestores son rotundos, ya que consideran que es la única forma posible de «evitar el bloqueo financiero y de forma muy probable la liquidación». Y es que lo que no consideran probable es que aparezca ningún inversor interesado en comprar el club.
Sin embargo, a la vez que propone la ampliación como única vía de salvación descarta que esta posibilidad llegue a producirse. Para argumentarlo, la comisión se basa «en la inseguridad jurídica» en la que se mueve un club que pertenece a un dueño que no ha pagado las acciones al anterior y que tampoco ha cumplido sus obligaciones con el Gobierno de Cantabria. Por eso, el informe traslada a la jueza que «la materialización de la ampliación de capital resulta ilusoria». Sin embargo, quiere crear «el convencimiento general de que únicamente la afición, a imagen de lo ocurrido en Oviedo, puede acudir en auxilio del club en una eventual ampliación».
Por otra parte, como medidas para reducir el gasto la comisión explica que está «estudiando la posibilidad de plantear un segundo expediente de regulación de empleo en la entidad». Considera que con el primero se consiguió «una importante reducción de los costes, sin que ello haya redundado en perjuicio de la operatividad de la empresa que sigue funcionando con normalidad, con menos personal y que, con motivo del descenso de entradas, abonos y ventas, puede permitirse una segunda reducción de plantilla para equilibrar el gasto».
Balones fuera
El escrito presentado a la jueza contiene toda la filosofía que durante estos meses ha sostenido el consejo de administración encabezado por Ángel Lavín y que de manera un tanto sorprendente apoyan con su firma por el representante de la LFP y el de los acreedores, Corelia. En este sentido, responsabilizan del caos societario y social a los aficionados «por su actitud de intimidación y violencia verbal, alentada por algunos dirigentes de las peñas»; a las instituciones públicas, «que se han mantenido entre la distancia y la inhibición frente al ambiente impopular creado por los agitadores»; y por los medios de comunicación «que han priorizado su propio interés económico, difundiendo informaciones lucrativas por escandalosas».
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