Luis Bárcenas, que fue gerente o tesorero del Partido Popular (PP) durante casi 20 años, hasta que se vio obligado a dimitir en abril de 2010 por su implicación en el caso Gürtel, gestiona dinero en Suiza, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del pasado marzo e incorporado en el sumario. El levantamiento casi en su totalidad del secreto del sumario puso ayer de manifiesto la presunta implicación de varios dirigentes del PP además de Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote, no sólo en el supuesto cobro de comisiones, sino directamente en el núcleo duro de la trama.

El informe de la Udef apunta que es posible "inferir" que Bárcenas "es titular de una/s posiciones bancarias en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos, si bien es factible que exista una combinación con otros sistemas de blanqueo".

El informe no precisa ni la cuantía ni el número de cuentas, a la espera de la comisión rogatoria, pero recalca que también "dispone de un gestor financiero, ubicado en Suiza, de su confianza que realiza las operaciones". Pero registra que en febrero de 2010, siendo todavía formalmente tesorero del PP en julio de 2009 había dimitido de forma "transitoria" y su dimisión efectiva no fue hasta abril de 2010 solicitó la emisión por parte de una entidad financiera suiza de un medio de pago electrónico con un límite mensual de 25.000 euros.

La emisión de dicha tarjeta le fue denegada precisamente por encontrarse imputado y la entidad financiera informó a la autoridad para la prevención de blanqueo de capitales. La mera petición, subraya la Udef, "precisa la acreditación de una solvencia en términos de disposición de unos fondos en la cuenta, con un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe".

El informe recalca que Bárcenas participó en un proyecto inmobiliario de Correa en Majadahonda (Madrid), a través de un sistema de "préstamo participativo" por valor de 150.000 euros: "A través de dicha inversión [Bárcenas] hace aflorar patrimonio oculto y enmascara de esta forma su real participación en el proyecto a través de esta compañía".

Otro informe de la policía, fechado el 30 de julio de 2010, va incluso más allá: considera que Bárcenas, junto con otros tres ex miembros de la ejecutiva del PP Merino, Galeote y Sepúlveda no sólo hacían supuestamente trabajos para la trama, sino que formarían parte de ella al máximo nivel. En aquel momento, Bárcenas, Merino y Sepúlveda eran además socios de Astrolago de Inversiones, que no registró actividad y que se disolvió tras el estallido del caso Gürtel.

"El objetivo no era sólo obtener un beneficio vía comisión por las gestiones realizadas para la adjudicación de los proyectos, sino participar también en el propio proyecto económico mediante una participación en el capital de la sociedad que lo iba a desarrollar con el fin de obtener un lucro a través de los beneficios repartidos por la misma", subraya el informe policial, que analiza esta red de influencias a lo largo de 150 páginas.

Y añade: "La fórmula empleada para el pago de las comisiones era mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias".

Spinaker, el instrumento

Según este informe, estos cuatro ex dirigentes del PP operaban, junto con Correa y Pablo Crespo, número tres de la trama, a través de la sociedad Spinaker 2000 SL, convertida en un auténtico lobby de presión a la caza de subvenciones, adjudicaciones públicas y todo tipo de actividades para influir en políticos con responsabilidad en el Gobierno y carné del PP. El documento aporta actas de juntas informales de esta sociedad, incautadas en el domicilio de Pablo Crespo, en el que se analizan con detalle todas las operaciones en marcha y los socios se comprometen a hacer todo lo necesario para que lleguen a buen puerto. También incluyen las comisiones a repartir .

Entre otras operaciones, se destacan acciones en favor de la multinacional Ros Roca en al menos seis comunidades autónomas, la presión para acceder a créditos FAD de ayuda a la internacionalización de la empresa para supuestamente fomentar el desarrollo en países pobres y el control sobre las campañas electorales del PP en 2003 y 2004.