Ofensiva del PPC por el caso Pretoria: dos consejeros de Montilla, implicados

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.

El juez que instruye el caso Gürtelen el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.

El cochecho impropio del que se acusaba a Camps pasa a ser cohecho propio

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

Camps saca pecho

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años".

"Yo me pago mis trajes", aseguró Camps el 10 de marzo de 2008

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008.

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".

Traslado a Valencia

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.

El mazazo del Supremo

El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".

Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.

Un informe contenido en el sumario del caso Pretoria revela que su cabecilla, el ex diputado socialista conocido como "Luigi", cobró ocho millones de euros por su intervención en distintas operaciones inmobiliarias. El PP va a pedir explicaciones a Montilla sobre la posible implicación de dos consejeros.