http://www.eldiariomontanes.es/pg050314/actualidad/cantabria/200503/14/ARCA-ARENA.html
Arca compara la política urbanística de Cantabria con la de Marbella
La asociación ecologísta considera que la sentencia sobre la urbanización de la playa de La Arena es justa
ARCA comparó hoy la política urbanística de Cantabria con la de Marbella por el "dinero negro a raudales" y la "corrupción política" que, en su opinión, maneja el sector inmobiliario en ambos sitios, con la diferencia, añadió, de que en Cantabria "la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) abanderaba la corrupción" y la Fiscalía de la comunidad "no ha hecho nada".
La asociación ecologista valoró hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que concede indemnizaciones por daños morales a los propietarios de los apartamentos de la playa de La Arena, en Arnuero, que deben ser derribados como consecuencia de las denuncias urbanísticas que ella promovió en los años noventa.
ARCA calificó de "justa" la sentencia, porque reconoce por primera vez que los compradores de una casa sobre la que pesa una orden de derribo sufren daños morales, porque no concede indemnizaciones a las dos empresas que participaron en la promoción de La Arena (Inmobiliaria Arnuero y CENAVI) y porque pide al Ministerio Fiscal que investigue a los miembros de la CRU en 1990 por si pudieron incurrir en responsabilidades penales.
El presidente de la asociación ecologista, Gonzalo Canales, elogió al TSJC por haber dado este último paso, pero también señaló que ARCA ha presentado en el pasado denuncias ante la Fiscalía contra los posibles responsables de las sentencias de derribo que iba consiguiendo sin que ésta haya hecho "absolutamente nada".
ARCA recuerda que, desde que se dictó la sentencia de La Arena, en 1994, los tribunales han anulado a instancias suyas ocho planes urbanísticos municipales a los que la CRU había dado su visto bueno y han dictado otras 15 sentencias de derribo, una situación lo suficientemente grave, recalcaron sus portavoces, para que alguien hubiera dimitido o asumido las responsabilidades políticas.
"HAY DINERO NEGRO A RAUDALES"

Su presidente comparó por ello Cantabria con Marbella, localidad donde se ha descubierto una posible trama de blanqueo masivo de dinero negro ligada al urbanismo: "En Marbella hay dinero negro a raudales que se esconde en el sector inmobiliario, en Cantabria lo mismo. En Marbella hay corrupción política en gran cuantía, en Cantabria lo mismo, prueba de ello es que no ha habido ni una sola responsabilidad política por todas estas sentencias. En Marbella ha sentencias de demolición, en Cantabria muchísimas más", dijo.
Según ARCA, la diferencia radica, por un lado, en que "en Marbella parece ser que la Fiscalía se lo toma en serio e investiga" y en Cantabria "no ha hecho absolutamente nada" y, por otro, en que si en la localidad malagueña "parece que la corrupción estaba centralizada en un despacho de abogados", en esta comunidad autónoma "la corrupción urbanística la abanderaba la CRU".
La asociación va a solicitar una reunión con la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, para instarle a que tome cartas en el asunto, aunque no tiene muchas esperanzas en que promueva una investigación. "La Fiscalía seguirá del lado de las administraciones y no va a hacer ningún tipo de esfuerzo para clarificar lo que ha pasado", vaticinó su vicepresidente, José Angel Herrera.
CORRESPONSABILIDAD

Herrera resaltó además de la sentencia de La Arena que el TSJC "marca una tendencia de corresponsabilidad" del Gobierno de Cantabria con los ayuntamientos en los casos de las sentencias de derribo, lo que hará, advirtió, que las indemnizaciones derivadas de las infracciones urbanísticas las paguen todos los contribuyentes.
ARCA calcula en unos 60 millones de euros las indemnizaciones que pueden derivarse del derribo del medio millar de viviendas condenadas a demolición en los ayuntamientos de Arnuero, Piélagos, Argoños y Miengo en los últimos años.
Herrera consideró que esas cantidades son lo suficientemente importantes como para que los alcaldes y miembros de la CRU que han participado en la aprobación de esos planes y licencias asuman sus responsabilidades políticas y dimitan, empezando, dijo, por el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, que fue consejero de Obras Públicas y presidente de la CRU desde 1995 hasta 2003.
Este portavoz ecologista demandó además que "se aparte definitivamente de la vida política" a quienes participaron en la recalificación del encinar de la playa de La Arena, en especial al que entonces era director general de Urbanismo y más tarde fue director general de Cooperación Local con el PP, Juan Badolato.
ARCA defendió también que, ahora que se han reconocido daños morales a los propietarios de los apartamentos, alguien "debería disculparse" con sus voluntarios, porque, recordó, once de ellos pasaron tres días en prisión por tratar de impedir que comenzasen las obras y muchos de ellos estuvieron "procesados durante meses".

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