El Partido Popular mantiene firmemente su oposición al actual Plan Eólico, pese a las sugerencias de reconsideración que llegan de algunos sectores interesados, como las empresas del sector y la Universidad de Cantabria. El rector, Federico Gutiérrez Solana, pidió el martes que se aprovechara el Plan Eólico en lo que supone de apoyo a la investigación y calificó al proyecto de «buena propuesta para la sociedad». La respuesta del Partido Popular ayer a esta petición del rector sorprendió por lo contundente. En resumen: Gutiérrez Solana debe dedicarse a sus asuntos, es decir, a resolver los problemas de la Universidad.
Y sobre el futuro del Plan Eólico -la preocupación expresada por Gutiérrez- Solana-, el PP sólo una precisión general: «Garantizaremos que las soluciones que se elijan sean las mejores ambientalmente, capaces de generar los puestos de trabajo que tanto necesita Cantabria y que son nuestra prioridad política».
En apoyo a la decisión tomada, la nota de respuesta del Partido Popular repasa las carencias legales que su presidente, Ignacio Diego, ha expuesto ya para explicar su decisión de anular el plan:
-La advertencia del Defensor del Pueblo de la existencia de un posible fraude de ley en la resolución del concurso.
-La negativa de los servicios internos del gobierno a continuar con la tramitación de los proyectos.
-Lagunas legales importantes como la no adaptación al plan energético en vigor y el no disponer de una Evaluación Ambiental Estratégica.
Además, tras recordar el compromiso y el reconocimiento para la Universidad, el PP cuestiona la oportunidad y el contenido de la petición del rector con un lenguaje muy directo y no exento de dureza: «Es de esperar que en un momento como el actual, en el que nos anuncian problemas en la reforma de los estatutos universitarios, las autoridades académicas centren su acción y su atención en resolverlos con lo que la Universidad de Cantabria necesita».
La petición de «sosiego» lanzada por el rector «para aprovechar los bueno del Plan Eólico», recibe una respuesta basada en la última realidad política de la región: «La mayoría absoluta otorgada a la lista encabezada por Ignacio Diego permite que la labor de gobierno próxima sea asumida desde el sosiego y la tranquilidad».
El PP alude a «razones de responsabilidad política» para explicar su intención de esclarecer actuaciones anteriores en las que, asegura, «se negó toda información por parte de quién estaba obligado a darla, el Gobierno saliente». Pero también recuerda, en una alusión sin especificar, que «ni tan siquiera otros actores implicados, de carácter institucional, tuvieron el detalle, frecuente en otros escenarios democráticos, de ofrecer esa información a la oposición».
En sus declaraciones del martes, el rector aludió a los posibles efectos negativos que la anulación del plan puede tener para los proyectos de investigación en los que participa la Universidad de Cantabria. El PP tampoco elude esta cuestión en su respuesta e, incluso, siembra una duda sobre la idoneidad futura de estos convenios, en los que participan numerosos departamentos y organismos universitarios: «Garantizaremos que los proyectos de I+D reúnen los requisitos necesarios para ser un incentivo y no una carga para nuestra universidad. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad jurídica de cualquier proyecto y no cometer errores del pasado que tanto daño está produciendo a nuestra tierra, y asegurarnos de que futuras sentencias adversas no implicarán dramáticas compensaciones económicas», termina.
