Francisco Camps y José Luis de la Rúa, en un acto oficial de la Generalitat - EFE

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero.

El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero, en un voto particular en el auto que sobresee la investigación valenciana del caso Gürtel, duda de que los hechos que han motivado esta causa "no sean constitutivos de delito".

La Sala ha estimado los recursos presentados por los cuatro imputados en la ramificación valenciana del caso Gürtel, entre ellos el president de la Generalitat, Francisco Camps, y ha ordenado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra ellos por un supuesto delito de cohecho.

Así lo han entendido dos de los tres magistrados encargados de dirimir estos recursos -el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, y José Francisco Ceres-, mientras que el tercero, Montero, solo comparte el sobreseimiento de la causa contra el portavoz el PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa.

Este magistrado entiende que los hechos atribuidos a Costa pueden no incluirse en lo establecido en el artículo 426 de Código Penal, que se refiere a las dádivas o regalos recibidos por autoridades o funcionarios públicos, "dada su condición de diputado y no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalitat".

Montero afirma que sus dudas respecto al resto de imputados radican "en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito", y en que "no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426" del Código Penal.

Asimismo, argumenta que en el trámite en que se encuentra el proceso, "la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en términos jurídicos) de que los hechos no son constitutivos de delito".

Sin embargo, el magistrado considera que la decisión sobre la continuación del proceso "se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito".

En este sentido, asegura que "no está convencido" de que los hechos imputados a Francisco Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret "no sean constitutivos de delito".

El artículo 426 requiere, según explica, que la dádiva "tenga algún sentido o adecuación a la función de autoridad o funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna", pero, a su juicio, "no parece que este tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice".

Esa "falta de convencimiento" es la que lleva a Juan Montero a "discrepar de la mayoría de la Sala", y a emitir un voto particular al auto.