El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico

Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas de segunda ocupación

María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que 'huele' igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria. Propietarios de tres viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico -extrañamente recalificado- en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) podrían ser autores de una infracción urbanística, tal y como ha denunciado un grupo de cántabros afectados por una orden de derribo contra sus viviendas, promovida por ARCA, y que están representados por el despacho de abogados madrileño Estudio Legal Castelló 95. La denuncia, presentada el 7 de septiembre de este año, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, está admitida a trámite.

Sainz Quintana -en régimen de bienes gananciales con Canales-, De la Lastra y Losada adquirieron hace algunos años tres parcelas en una finca de 21.469 metros cuadrados en el lugar conocido como Riocueva o Llanceras, en Villaverde de Pontones, en pleno monte, calificada como suelo rústico, y sin ningún tipo de servicios. Allí, los tres propietarios que se conocían perfectamente construyeron irregularmente, según la denuncia presentada, tres casas unifamiliares en parcelas de superficies de 5.191 metros cuadrados, 5.884 y 6.816, respectivamente. Se trata de viviendas de segunda ocupación, que habitan en periodos de vacaciones y los fines de semana.

La infracción

El anterior titular de la finca, según la documentación que consta en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, había solicitado una licencia de segregación que no le fue concedida por el Ayuntamiento. A la vista de esto, los tres propietarios actuales tramitaron de forma separada pero prácticamente simultánea sendas autorizaciones para construir en suelo rústico, conforme al artículo 44.2 apartado 2 del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, vigente en esa época. Los hechos se remontan a finales del 97 o comienzos del 98, cuando las comunidades autónomas gestionaban las nuevas normas urbanísticas.

Para el despacho de abogados madrileño que tramita el caso, «estos propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que en la finca no había vivienda alguna cuando estaban gestionando las tres suyas y existía otra ya construida legalmente años antes. Si hubieran realizado la tramitación conjuntamente, la Comisión Regional de Urbanismo no les hubiera permitido construir y es que en el citado artículo 44.2 se insiste en el peligro de la formación de nuevos núcleos de población. Para ello, y sabiendo lo que hacían, falsearon además la realidad con mediciones inexactas». Con la nueva ley, tampoco podrían haber construido en este lugar y este dato lo conocían.

Durante el inicio de toda la tramitación, el proyecto tuvo siempre el informe negativo del arquitecto municipal, pero al ser cesado en su cargo y sustituido por otro técnico, al poco tiempo, se les concedió el permiso municipal, no sin cierta sorpresa.

El momento

El caso, actualmente, se encuentra sub iúdice en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. En un principio, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento la presunta infracción urbanística y al considerar éste que todo era legal, se interpuso una demanda por vía judicial admitida a trámite.

«Se trata de una gran incongruencia -dicen los abogados madrileños- por parte de los autores del presunto delito. De estas infracciones hay muchas en España e incluso en Cantabria, pero muchas veces no son imputables a los propietarios de las viviendas. Sin embargo, estas tres personas incurren en la infracción al ser los promotores de las obras. Además, se trata de gente que ha perseguido y denunciado actuaciones similares a la suya».

Sanciones

La sanción para esta infracción urbanística es, para los abogados de Marcos Campos y el resto de los denunciantes, la demolición de lo construido, ya que se parte de unos datos totalmente falsos.