El presupuesto de la Iglesia española alcanzó los 943 millones de euros en 2004
La mayor aportación a la Iglesia provino de los donativos de los fieles (63,3%), mientras que las subvenciones de las distintas administraciones no llegaron al 30%
JESÚS BASTANTE/MADRID.


El presupuesto de la Iglesia española (Conferencia Episcopal más las 68 diócesis de nuestro país) para 2004 alcanzó los 943 millones de euros, según datos eclesiásticos a los que ha tenido acceso ABC. En un momento en el que desde determinados sectores sociales y políticos se viene cuestionando la aportación estatal a la Iglesia, cabe indicar que el total de subvenciones directas otorgadas por las distintas administraciones (dotación vía IRPF y convenios con diversos Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) a los organismos eclesiásticos no alcanza el 30 por ciento del presupuesto de la Iglesia católica.

A grandes rasgos, la mayor fuente de financiación de las diócesis españolas proviene de las aportaciones de los fieles, que el pasado año giró en torno a los 600 millones de euros, lo que constituye el 63,3 por ciento del presupuesto eclesiástico. Otros 62 millones (el 6,6 por ciento) lo constituyeron los servicios y rentas del patrimonio de la Iglesia. La subvención pública viene por dos vías: la dotación estatal (asignación tributaria más complemento presupuestario), que en este ejercicio alcanzó los 138,6 millones de euros; y las distintas aportaciones de organismos públicos, algo más de 132,8 millones de euros. En total, apenas el 30 por ciento del presupuesto de la Iglesia, con el añadido de que prácticamente la mitad de esta aportación no procede directamente del Estado, sino que éste actúa como gestor de la voluntad de los contribuyentes que marcan la «x» en la casilla de la Iglesia católica de su declaración de la renta.

Qué son y qué no «dineros» de la Iglesia. Recientes informaciones han señalado que las distintas instituciones eclesiásticas reciben anualmente por parte de las administraciones públicas -directa o indirectamente- más de 3.000 millones de euros. En dicha cifra se incluyen no sólo las cantidades entregadas a las diócesis, sino otras variables que en ningún caso debieran ser incluidas dentro de los «dineros de la Iglesia», como el sueldo de los 33.000 profesores de Religión (más de 600 millones de euros); las subvenciones a ONG católicas y a la labor de los capellanes en hospitales y cárceles (181 millones); la aportación a centros educativos concertados, propiedad de congregaciones religiosas (600 millones de euros); o los distintos convenios para la protección del Patrimonio Cultural de la Iglesia (durante el gobierno del Partido Popular, el Estado aportó alrededor de 60 millones de euros en este concepto).

¿Qué se entiende por Iglesia? No es lo mismo hablar de una diócesis que de una congregación religiosa (que gestiona sus fondos de modo independiente y sin «pasar revista» ante la Conferencia Episcopal) o de centros docentes, que entran dentro del sistema de conciertos con las administraciones educativas como cualquier otro organismo escolar privado o concertado.

En una entrevista publicada por ABC tras el escándalo de Gescartera, el gerente de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, apuntaba que «cuando se habla de financiación de la Iglesia, se debe precisar el alcance que se da a esta palabra en cada momento». A su juicio, «no tiene sentido hacer ese «totum revolutum» de sumar los distintos patrimonios de instituciones bajo la capa genérica de Iglesia católica». La situación de las ONG católicas, como Manos Unidas o Cáritas (con un presupuesto de 167 millones de euros, un 66,9 por ciento de recursos privados), que reciben subvenciones estatales a través de la casilla de «otros fines sociales», también es distinta: todas ellas cuentan con auditorías externas y realizan una función social indispensable, reconocida por el Estado.

Camino a la autofinanciación

Las recientes críticas vertidas contra la Conferencia Episcopal por su posición acerca de los matrimonios homosexuales, la investigación con células madre, la clase de Religión o la ampliación del aborto han motivado la petición, formulada por varios grupos con representación parlamentaria, para que se deje de financiar las actividades de la Iglesia, en un momento en el que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se ha comprometido a dotar económicamente a las confesiones religiosas «de notorio arraigo» en nuestro país: musulmanes, judíos y evangélicos.

Aunque desde el Gobierno se insiste en que la cuestión de la financiación a la Iglesia «no se va a tocar» en esta legislatura, tanto López Aguilar como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya han recordado que los Acuerdos Iglesia-Estado contienen la voluntad expresa por parte de las autoridades eclesiásticas en avanzar hacia su autofinanciación. Desde el Episcopado, por su parte, se ve con buenos ojos dicha autofinanciación, que únicamente afectaría a la dotación estatal por el IRPF, puesto que el resto de subvenciones públicas que recibe la Iglesia tiene como objeto la construcción de templos o el mantenimiento de servicios sociales en los que la institución eclesiástica llega adonde no lo hace el Estado.

Para alcanzar su autogestión, sería necesario que se incrementase al menos hasta el 0,8 por ciento el porcentaje de asignación tributaria. De este modo, los responsables eclesiásticos consideran que sería innecesario el complemento presupuestario, siendo los fieles (y no el Estado) quienes aportan la financiación necesaria. Un proyecto que es apoyado por judíos y protestantes, mientras que los musulmanes, si bien no se posicionan en contra, preferirían una dotación estatal fija -que rondaría los 30 millones de euros-.